Una voz que no se calla en el silencio

#feminicidio

Sonrío para mostrar esa curva con huellas.

Sonrío para mostrar lo única, maravillosa y bella que eres.

Sonrío para mostrar mi admiración por ti: valiente,  valiosa y admirable de muchas formas.

Sonrío porque no puedo llorar por quien resplandece con luz propia,

 tú a quien escribo, MUJER

El Día Internacional se celebró el mes pasado y hasta la fecha en Santa Cruz (Bolivia) ya existen siete casos de feminicidios. El caso de Leila Laura Piero Terán es uno de los tantos casos que duermen en los tribunales mientras sus familiares esperan se aplique la justicia sobre su asesino. Los derechos de la mujer siguen siendo vulnerados por un sistema Judicial que no defienda su vida y elecciones de vida.

La Justicia no defiende los derechos de la mujer

Finalizando la noche del fatídico viernes 12 del año 2018, en una casa del barrio Las Cabañas, un niño de 13 años es el único testigo silencioso de un crimen. En uno de los dormitorios yace el cuerpo sin vida de Leila Laura Piero Terán (23), tras 13 puñaladas que acallaron su voz. Ella se convierte en un número más, una cifra que incrementa los casos de mujeres víctimas de la violencia de género en Bolivia, se estima siete en lo que va del año (cifra no oficial).

9:00 de la mañana. En el piso siete, la sala Séptimo de la Corte Suprema de Justicia estaba repleta. Casi 30 personas ocupaban los asientos. Dos casos serían tratados ese día, solo el caso de un Carlos y ponga usted su apellido que para este artículo no viene el caso, fue abierto mientras que el de Leila Laura Piero Terán, con dos años en procedimiento, no logró la apertura de juicio oral contra Yamil Algarañaz Arteaga, confeso de haber cometido el crimen.

El jueves 5 de marzo de 2020, Irma Terán, madre de la víctima, junto a otros familiares estaba presente, esperando que la justicia diera su veredicto sobre sobre el caso de Leila Laura Piero Terán. A las afueras de la Corte los familiares se concentraron para manifestar las fallas en el proceso judicial, que demora respuestas a los familiares y a la hija de la pareja, Yamile Algarañaz (8), actualmente bajo la tenencia de la familia de la víctima.

Una niña de 8 años es la otra cara de la moneda.

Como sostén económico de su única hija, Leila Laura Piero Terán se había separado del padre de la niña desde hacía un año y trabajaba interinamente en una empresa de papel. Madre soltera y joven de 23 años había rehecho su vida con otro joven con el que salía desde hacía tres meses.

Yamile Algarañaz (8), la noche del viernes dormía tranquilamente en la casa de su abuela Irma Terán mientras que una discusión enfrentaba a sus dos progenitores apenas amanecer del día sábado. Un menor de edad asustado e indefenso (S.N) fue el único testigo del último aliento de Leila Laura Piero Terán, en una disputa entre la víctima, la pareja con la que mantenía relaciones y el padre de su hija. En la otra habitación, el menor (13) calladamente escuchaba la discusión imposibilitado de mediar para ser socorrido, o evitar lo que irremediablemente sucedió: la disputa que acabó convirtiendo a Yamil Algarañaz Arteaga (25) en el asesino que le segó la vida a Leila Laura Piero Terán.

La Fiscalía evitó presentar declaraciones del menor de edad defendiendo su derecho como niño. Sin embargo, hay otra niña que clama por sus derechos, sin recibir atención psicológica. Yamile Algarañaz (8), la hija de la pareja, y la abuela, Irma Terán, son las víctimas más afectadas de este patético caso.

A pesar de que el autor se declaró confeso, las autoridades vienen postergando con apelaciones el juicio, haciendo el vía crucis más luctuoso para la víctima más pequeña y los familiares cercanos más afectados. La familia de Leila Laura Piero Terán pide condena máxima (30 años) para el autor del crimen.

Después de dos años de prisión preventiva, el autor aún no es condenado dejando si pena la muerte de Leila Piero Terán. Este caso más, de una cifra más de feminicidio, solo es el reflejo de la debilidad del sistema legal que permite la fragilidad de una muerte.

Varios hechos determinan la debilidad jurídica en temas de género. La ausencia de políticas que defienda con rigurosidad implacable los derechos de la mujer es una de ellas. Una menor de 8 años es la víctima más indefensa de este feminicidio.

Engorros judiciales perjudican el caso.

Se presume que el autor del crimen, podía entrar y salir de la casa libremente, no hay seguimiento a este hecho, sin registro de llamadas, sin pruebas materiales (ropa, arma) y la confesión cuestionada en la actualidad por la Defensoría), se suma la ausencia de pruebas que hilen el tipo de relación que mantenía la pareja después de su separación. No existe testimonios declaratorios y la única evidencia de violencia queda dentro del seno de la familia, sin tomarse en cuenta.

Otros detalles no evaluados. La víctima no recibía pensión alimenticia del padre de su hija, tenía más de un año trabajando para una empresa a destajo, vivía en la casa de su abuela con otros ocupantes y recibía amenazas en público por parte de su ex pareja para que le diera dinero. La única evidencia registrada de lo que sucedió entre la noche del viernes y la madrugada del sábado es una llamada telefónica a la 10 de la noche, de la Leila Laura a Irma Terán (madre de la víctima)

Se presume que las diferencias entre la pareja habían aumentado en los últimos tres meses, aunque no se puede determinar con exactitud las razones. La pareja separada desde hacía un año, presentaba discusiones por temas económicos y presumiblemente por celos.

Ante la justicia, la víctima más afectada, Yamile Algarañaz, hoy está a merced de un veredicto sobre la muerte de su madre, Leila Laura Piero Terán, y la pena que cumplirá su padre por feminicidio.

Un crimen de violencia de género, se convierte en un caso más de muerte sin resolver que se desarrolla en el Juzgado 7mo de la penal, de la Corte Suprema de Justicia.

Gracias por leerme,

Sandra Cecilia